Es más fácil posicionarse moralmente en contra del denominado (por el feminismo abolicionista) «alquiler de vientres» que encontrar una solución política factible a esta realidad globalizada. ¿Cuál puede ser el camino para garantizar los derechos de las mujeres y de la infancia, respetar la autonomía corporal, frenar la voracidad de los mercados reproductivos y no enfangarnos en el punitivismo?